El gobierno de Estados Unidos anunció este viernes sanciones directas contra Miguel Díaz-Canel, gobernante designado de Cuba y primer secretario del Partido Comunista, por su responsabilidad directa en graves violaciones a los derechos humanos, especialmente en el contexto de las protestas populares del 11 de julio de 2021.
Las sanciones se hacen públicas en el cuarto aniversario de las protestas, una fecha emblemática para el exilio cubano y para quienes exigen justicia por los cientos de presos políticos que continúan en las cárceles.
Junto a Díaz-Canel, también fueron sancionados el ministro de Defensa, Álvaro López Miera, y el ministro del Interior, Lázaro Álvarez Casas. A los tres se les prohíbe ingresar a territorio estadounidense, al igual que a sus familiares inmediatos.
Una sanción que marca un antes y un después
Aunque Díaz-Canel ha sido durante años el rostro visible del régimen, hasta ahora había escapado a sanciones personales. Ni siquiera durante el mandato anterior de Donald Trump fue incluido entre los designados.
Esta decisión del Departamento de Estado marca un punto de inflexión en la política estadounidense hacia Cuba, ahora encabezada nuevamente por el presidente Trump en su segundo mandato.
La medida se enmarca en una disposición del presupuesto del Departamento de Estado para 2025, que permite negar visas a funcionarios extranjeros implicados en corrupción o violaciones de derechos humanos.
El castigo a Díaz-Canel podría impedirle asistir a eventos internacionales, como la Asamblea General de la ONU, a la que acudió en 2018 y 2023 acompañado de su esposa, Lis Cuesta.
Su mandato está previsto hasta 2028, pero su aislamiento diplomático podría comenzar a crecer tras esta medida.
En 2021, el actual presidente Joe Biden ya había incluido a López Miera en la lista de nacionales especialmente designados (SDN) por su papel en la represión del 11J. Álvarez Casas también fue sancionado por la administración Trump bajo la Ley Global Magnitsky.
Nuevas restricciones a hoteles del régimen
Junto a las sanciones personales, el Departamento de Estado incluyó 11 hoteles en la lista de alojamientos prohibidos, entre ellos propiedades de lujo en La Habana vinculadas al consorcio militar GAESA, como la “Torre K”, lo que refuerza la presión sobre las fuentes de ingreso del régimen.
Además, jueces y carceleros implicados en abusos contra manifestantes también han recibido restricciones de visa, aunque sus nombres no fueron revelados.
El costo humano de la represión
Organizaciones como Justicia 11J reportan más de 1.500 detenciones por las protestas del 11 de julio de 2021. Pese a un acuerdo con el Vaticano y la administración Biden para liberar a 553 presos en la isla, solo 212 presos políticos fueron excarcelados. Algunos, como José Daniel Ferrer, Félix Navarro y Donaida Pérez Paseiro, han sido arrestados nuevamente.
“El régimen sigue torturando a Ferrer. Exigimos pruebas de vida y la liberación de todos los presos políticos”, exigió este viernes el secretario de Estado, Marco Rubio, en su cuenta de X.
Los informes de Human Rights Watch y del Centro de Documentación de Prisiones Cubanas revelan una crisis humanitaria dentro del sistema penitenciario cubano: muertes por desnutrición, tortura, falta de atención médica y epidemias sin tratamiento.